Por Daniel Vasquez
A propósito de la participación dentro de las organizaciones, uno de los aspectos más importantes es el tema de la legitimidad. Existe suficiente teoría política al respecto y no pretendo darme vueltas ni el origen divino o en el contrato social. Sí quiero poner la atención en que se pueden distinguir, de modo muy grueso, dos clases de organizaciones:
- Los participantes están allí por derecho propio
- Los participantes están porque se han afiliado a la organización.
La distinción, insisto, es gruesa. Existen muchisimos matices, pero en el primer grupo me refiero a organizaciones como las de gobierno, en que los ciudadanos deben ser considerados forzosamente en el sistema, aun cuando no haya una voluntad de participación explícita.
En el segundo caso están las organizaciones en que ha habido una afiliación voluntaria y donde quienes participan aceptan explicitamente las reglas colocadas de antemano. Básicamente, la mayoría de las organizaciones sociales privadas responden a ese patrón.
Bajo estos escenarios los modelos de participación son legitimados de diferente manera. En una democracia el contrato (la constitución) indica que los que están legitimados para representar son los parlamentarios. Pero, existe allí un mundo de organizaciones civiles que deben aportar. En un esquema de comisiones ciudadanas, como el que, por ejemplo, plantea la presidenta Bachelet, existe el problema de que "no están todos los que son, ni son todos los que están" y en consecuencia el problema de que la legitimidad no ha sido entregada por ninguna institución (incluyendo al pueblo-nación) a priori. En este caso la legitimidad viene a posteriori cuando llegan las conclusiones al parlamento. Sin embargo, es un modelo que genera suspicacias en cuanto a la competencia entre los colectivos civiles por cupos más, cupos menos. Además de lo cuestionable que puede ser el modelo de comisiones de notables u hombres buenos. Y una consecuencia práctica está en la creación de una comisión de educación faraonesca bajo la idea cuestionable (como decía: a priori) de incluir a todos.
¿Qué modelo de participación contaría entonces con la legitimidad? . Creo que el modelo de participación ciudadana que puede funcionar implica lo siguiente:
- Democracia completa: Los poderes del estado son controlados cada cierta cantidad de años, pero hoy bajo un sistema binominal que falsea la realidad. Una democracia completa es un paso inicial fundamental.
- Exigibilidad: Las organizaciones ciudadanas deben tener el poder de interpelar a los parlamentarios que lo hagan mal. Debe existir control desde los aspectos de asistencia, como en el manejo de dinero. ¿Alguien ha planteado una evaluación de "competencia" al estilo de la que se quiere imponer a los docentes, para los parlamentarios?. Las peticiones, planteamientos, proyectos, leyes, etc que se hagan llegar por escrito (desde organizaciones cíviles o desde instituciones de gobierno) al gobierno o al parlamento deberían quedar en un repositorio público, donde se pueda seguir el estado de estos, si han sido rechazados y por qué, si alguien ha tomado la responsabilidad de su ejecución y los plazos de ésta.
- Derechos de prensa: La prensa tiene ciertos derechos y deberes. Planteo que esos derechos puedan ser invocados por ciudadanos cuando se tenga información importante. Por supuesto esto sería materia de un reglamento que va más allá de este artículo discutirlo.
Lo de arriba, por supuesto, no tiene nada de novedoso. Existen muchos más aspectos que serían útiles, pero sería motivo de tesis doctoral desarrollarlos. Desde un punto de vista informático lo más fácilmente visible y abordable es el tema de los repositorios donde se pueden trackear los asuntos. Dar ciertas garantías, en cuanto a derechos, dentro de un sistema informático de participación es algo que se puede lograr parcialmente.
En el segundo caso la legitimidad se ve aparentemente más sencilla. Por el hecho de participar se aceptan las reglas y una vez dentro se debe asegurar que las reglas se cumplen tal como estaban estipuladas. Los sistemas o modelos que se apliquen para "ejecutar la participación" deben tener como objetivo permanente, mantener la confianza de los usuarios. Existe, sin embargo, el problema en que en ciertas organizaciones de carácter semi-abierto (por ejemplo, las que funcionan a través de internet), no es simple asegurar que los participantes son quienes dicen ser. En el caso de un sistema de participación que pretenda servir para tomar decisiones, esto puede resultar muy importante. No obstante, un sistema de acreditación de la identidad de los participantes podría provocar un exódo masivo, o bien, provocar una situación de "castas" entre los acreditados y los no acreditados.
Las interfaces, modelos y usabilidad de un sistema seguro irán variando en el tiempo y se pueden perfeccionar. Pero, la sostenibilidad de un sistema requiere del acuerdo y valoración de sus participantes y a la larga es el aspecto clave de su éxito.
